La facilidad con la que alborotadores que no están satisfechos con la derrota de Jair Bolsonaro en las últimas elecciones, invadieron y destruyeron la sede de los Tres Poderes en Brasilia el domingo por la tarde, en el mayor ataque a la democracia brasileña desde el fin de la dictadura militar.

Solo hay una explicación para esto: la indulgencia de las autoridades para identificar y sancionar a los golpistas desde los primeros delitos que cometieron tras la confirmación de la victoria del presidente Lula da Silva. Hubo muchas oportunidades para que los agentes del Estado hicieran cumplir las leyes y la Constitución del país. Cada uno de estos agentes, dentro de los límites de su responsabilidad, deberá responder de la prevaricación ante la Justicia.

Aparentemente, un puñado de bolsonaristas solo logró tomar el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal porque tienen aliados muy poderosos, comenzando por el expresidente Jair Bolsonaro, el máximo responsable de la tentativa. Ahora bien, el país no hubiera visto con asombro aquellas escenas de violencia en la capital federal si los golpistas no hubieran recibido apoyo político, material y financiero para hacer lo que hicieron.

Acurrucado en Florida, incapaz de plegarse al principio más común de la democracia -la transferencia pacífica del poder-, Bolsonaro nunca pronunció una palabra que sus seguidores radicales pudieran entender como una orden de desmovilización y respeto a la Constitución y la supremacía de la voluntad popular. Al contrario: desde la derrota, el expresidente abusó de medias palabras e insinuaciones para incitar a sus pardos en una escalada de violencia que culminó con el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasilia.

Ahora se sabe que aquel motín promovido por bolsonaristas el día de la diplomacia de Lula da Silva y Geraldo Alckmin por el Tribunal Superior Electoral fue solo una especie de ensayo general del intento. Aparentemente, el objetivo final de los insurgentes, según su loca lógica, era promover tal desorden que llevaría a las Fuerzas Armadas a intervenir, devolverle la Presidencia a Bolsonaro y arrestar al presidente Lula da Silva. Nada menos.

Que haya locos en el país capaces de concebir una trama de esta naturaleza ya es lamentable de por sí. Pero peor aún es saber que cuentan con el apoyo, expreso o tácito, de autoridades y líderes políticos.

Al igual que Bolsonaro, las Fuerzas Armadas nunca emitieron una orden firme para desmantelar los campamentos golpistas que se instalaron frente a los cuarteles en todo el país. Este silencio alentó los delirios golpistas de los bolsonaristas. Incluso hubo militares que calificaron los actos contra el resultado de las urnas -y, por tanto, contra la Constitución- como “manifestaciones democráticas”. El propio ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, se mostró tolerante con lo intolerable, objetando la gravedad de estos campamentos.

Pero no fueron solo Bolsonaro y algunos militares que no honran su uniforme los que convirtieron a los golpistas en idiotas útiles con deseos liberticidas. Asimismo, el gobernador del Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), deberá responder por la falta de preparación de las fuerzas policiales bajo su mando para contener una invasión que venía preparando desde hace tiempo. GloboNews mostró una impactante imagen de policías militares del DF tomándose selfies mientras una turba de bolsonaristas invadía el Congreso Nacional. Ante la manifiesta tibieza de Ibaneis Rocha, el presidente Lula hizo bien en decretar la intervención federal en la seguridad del DF.

Por el bien de la democracia brasileña, la insurrección debe recibir una respuesta digna de las autoridades constituidas. La Policía Federal, sin perjuicio de las acciones de otras instituciones, deberá identificar, uno por uno, a los responsables de la violencia contra el Estado y el despojo de bienes públicos. Si la invasión del Capitolio, hace dos años, sirvió de inspiración a los golpistas en Brasil, la diligencia de las autoridades estadounidenses en el procesamiento penal de los responsables debe servir de ejemplo a las autoridades brasileñas. La democracia se defiende, como ya dijimos en esta página, echando todo el peso de la ley sobre quienes la atacan.

Fuente: Editorial del periódico O Estado de São Paulo. Título original de la nota: "Golpistas que se insurgiram e os que lhes dão apoio devem ser punidos de forma exemplar"

O Estado de São Paulo