A menos de un mes de las elecciones el Gobierno destinó $650 millones al pago de un subsidio oculto de $5.000 a más de 100 mil desocupados y sólo canalizado a través de municipios y dirigentes locales afines. El pago quedó garantizado a través de una resolución subterránea del Ministerio de Producción y Trabajo cuyo alcance había anticipado este diario el 23 de septiembre, y que desde entonces comenzaron a gestionar candidatos a intendentes y concejales de Juntos por el Cambio en casi todo el país, con especial foco en la provincia de Buenos Aires.

La resolución 1177 de la Secretaría de Empleo, firmada el 3 de octubre por el jefe del área, Fernando Prémoli, quedó circunscripta a una circulación interna en la cartera que encabeza Dante Sica y hasta ayer no había sido publicada en el Boletín Oficial. La norma consagró la creación del “Subsidio Extraordinario Situación de Desempleo” de $ 5.000 por única vez para desocupados “mayores de 18 años” con DNI, CUIL y que no percibieran otros ingresos vía prestaciones sociales o previsionales. Y fijó el 8 de noviembre como fecha tope para el cobro.

Resolución. Copia de la resolución del Ministerio de Trabajo donde se dispone el plan social paralelo con funcionarios propios para distribuir entre 114.000 desocupados.

Resolución. Copia de la resolución del Ministerio de Trabajo donde se dispone el plan social paralelo con funcionarios propios para distribuir entre 114.000 desocupados.

Según el texto oficial y el armado del plan, a los que tuvo acceso exclusivo Ámbito Financiero, el pago irá destinado a unas 114 mil personas con un presupuesto inicial de 570 millones de pesos que podrá ampliarse en 80 millones de pesos más de acuerdo al tope previsto en el articulado. Desde que este diario publicó por primera vez las gestiones en torno del programa, en la cartera de Producción y Trabajo negaron su existencia.

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La resolución consta de 10 artículos. Entre los requisitos para percibir el subsidio, además de la documentación, figuran “encontrarse en situación de desempleo”, no estar “registrados como empleadores”, no cobrar “prestaciones previsionales ni prestaciones contributivas por desempleo, ni prestaciones dinerarias derivadas de la participación en acciones o programas de empleo” o en planes de empleo como Hacemos Futuro o el Salario Social Complementario. También prevé que los beneficiarios podrán acceder a prestaciones de apoyo a la inserción laboral, de mejora de las condiciones de empleabilidad y de formación laboral vigentes en el Ministerio de Producción y Trabajo.

Para dimensionar el volumen del programa de subsidios gestionado en silencio por la administración de Mauricio Macri en los días previos a la elección nacional del 27, en la actualidad hay un total de 450 mil planes sociales en ejecución por parte del Ministerio de Desarrollo Social. La mitad de ellos corresponde al programa Hacemos Futuro (continuador de Argentina Trabaja y Ellas Hacen, del gobierno anterior) y el resto son salarios sociales complementarios. En ambos casos los montos percibidos son unos 8.500 pesos mensuales.

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Otro aspecto llamativo de la norma es que en la tramitación interna en la cartera laboral ya cuenta con un listado de beneficios a otorgar por distrito. Es decir que sin haber anunciado y menos publicitado el programa, el Gobierno tiene definido el destino de cada pago. Más de una cuarta parte de los recursos irá a Lomas de Zamora, con 153 millones de pesos para el pago de unos 30 mil subsidios. El partido de San Martín es el segundo en importancia con 62 millones de pesos presupuestados para 12 mil planes.

Otros distritos destacados son la provincia de Chaco, con 37 millones de pesos y 7 mil subsidios; Formosa, con $34 millones para 6.800; Rosario, con $30 millones y 6 mil; Santa Fe ($28 millones y 5.600); Mar del Plata ($27 millones y 5.400), y Corrientes ($26 millones y 5.300). También fueron asignados recursos para La Plata, San Juan, Viedma, Neuquén, Entre Ríos, La Matanza, Catamarca y hasta la Capital Federal, con un monto de 10 millones de pesos para el pago de 2.000 subsidios.

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La confirmación de la puesta en marcha del mecanismo por vía de una resolución llega luego de varios días en los que se multiplicaron las denuncias puntuales por presunta compra de votos por parte de intendentes peronistas. Como publicó este diario el 27 de septiembre, así lo hicieron saber jefes comunales como Francisco Durañona, de San Antonio de Areco, Juan Carlos Gasparini, de Roque Pérez, y Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas. Días después hubo denuncias similares en Pilar, respecto de la gestión del intendente Nicolás Ducoté, y en La Plata, donde gobierna Julio Garro, ambos de Cambiemos.

Los intendentes peronistas que denunciaron la supuesta gestión de subsidios a cargo de dirigentes opositores que disputan el municipio en listas de Juntos por el Cambio le negaron a este diario haber tenido alguna información oficial respecto de la entrada en vigencia del subsidio. https://www.ambito.com