Los quinteros vivieron en carne propia, casi desde el mismo momento que cambió el gobierno a fines de 2015, que llegaba “el cambio”. La nueva administración se desentendió de las políticas públicas hacia la agricultura familiar, al tiempo que se ocupaba de reducir los derechos de exportación a los cultivos de la pampa húmeda. Los precios de los insumos para la horticultura se elevaron en forma astronómica, consecuencia de una megadevaluación y tarifazos para la energía que no contemplaron compensaciones para las pequeñas unidades agrícolas. Al mismo tiempo, el precio del alquiler de la tierra (el 90 por ciento de los quinteros no es dueño de los predios que trabaja) se elevó a la par de los rendimientos financieros y la especulación. Como complemento, el temporal que arrasó con las instalaciones de los quinteros del conurbano bonaerense sur a principios de 2016 puso de manifiesto la audiencia del Estado para atender a los productores informales: las leyes de emergencia agropecuaria no son para ellos. Todo ese panorama se fue agravando paulatinamente en estos dos años, hasta desembocar en el actual verdurazo, con el cual unos 200 mil trabajadores de la tierra, con el 13 por ciento de las tierras cultivables pero responsables de la producción de más del 60 por ciento de los alimentos que se consumen, hoy luchan no por mejorar su rentabilidad sino por su propia subsistencia. El proyecto de ley de acceso a la tierra, que hoy impulsarán en audiencia pública en el anexo del Congreso nacional, se convirtió en el símbolo de esta lucha.

“En dos años, toda la política de sostenimiento de la pequeña agricultura desde el Estado se desmanteló o fue vaciada”, advirtió Agustín Suárez, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) a Página 12. El monotributo social agropecuario, que permite “incorporar” al pequeño productor de verduras y otros productos de huerta, perdió operatividad. “No es que no exista más, porque los que estaban adentro siguen aportando como tales, pero a los nuevos pequeños agricultores no se los incorpora, sin que nadie dé una explicación”, apuntó Suárez.

El dirigente de la UTT señaló que, con la crisis de 2016, tras el temporal y el duro impacto del tarifazo y la devaluación, algunos productores desertaron, migrando a los centros urbanos o volviendo a sus lugares de origen. Los que siguieron en la actividad tuvieron que ajustar su relación entre producción y costos intentando generar “más jaulas de productos por día, pero como son en su mayoría explotaciones familiares, eso se traduce en más horas de trabajo diario de sus distintos miembros”, describió Suárez. Este cuadro también se refleja, según indicó, en un deterioro de las condiciones de vida de las familias agrícolas. “Muchas viviendas de quinteros son más precarias que las de una villa; se producen permanentes incendios en el sector, aunque no trascienda. Es un círculo vicioso que tiende a la implosión: la única forma de sostenerse es con mayor autoexplotación”, agregó.

El área del conurbano en el que se asientan las quintas ocupa una franja, en forma de semicírculo alrededor de la CABA, que sigue la trayectoria de la Ruta 6, desde el partido de La Plata al sur, hasta la región Escobar-Campana al norte, pasando por General Rodríguez al oeste. “Una hectárea de tierra cultivable en el cinturón de La Plata cuesta unos cinco mil pesos por mes, y un predio normal de explotación ocupa entre 4 y 5 hectáreas. Además, las tierras son cada vez más escasas, porque se compite con los countries que siguen avanzando”, planteó Agustín Suárez. La especulación inmobiliaria, como fantasma de la producción. Una vez más.

El proyecto de ley que impulsarán hoy en el Congreso propone la constitución de un fondo fiduciario público de crédito para la agricultura familiar como política de desarrollo económico y social, que facilite el acceso a créditos destinados a la adquisición de tierras para la agricultura familiar; sería como un Procrear rural, con recursos provenientes del Tesoro nacional, con tierras productivas que transfiera el Estado nacional, los ingresos obtenidos por la emisión de valores fiduciarios de deuda, etc.

“De este sector depende más del 60 por ciento de la producción de alimentos que consumen los argentinos. Hoy parece que a las autoridades le da lo mismo producir que abastecerse con papas o tomates importados. Es un sector con una capacidad de desarrollo enorme, con posibilidad de dar trabajo a decenas de miles de personas, pero si hay condiciones para su arraigo, y eso se logra sólo con presencia del Estado”, advierten finalmente los quinteros.

AGROINDUSTRIA #NoParan
Etchevehere, dejará a más de 400 trabajadores en la callehttps://t.co/D9Sex421mY pic.twitter.com/LpNDUD4FOD

— En Orsai (@EnOrsai) April 20, 2018