La empresa de Dromi dejó de alquilar esas oficinas hace un año

Al parecer, la premura del juez Claudio Bonadío para avanzar en la causa por presunto pago de sobreprecios en la importación de combustibles durante la gestión de Julio De Vido al frente del Ministerio de Planificación, le impidió tomar la precaución de confirmar la dirección para realizar un allanamiento.

El martes pasado, 20 efectivos de la policía metropolitana, comandados por el secretario del Juzgado Criminal y Correccional N° 11, Enrique Rodríguez Varela, se presentaron en Arenales 1618, convencidos de que se trataba de las oficinas de Diligentia S.A., la consultora de Nicolás Dromi, hijo del exministro menemista Roberto Dromi, que brindó asesoramiento al Enarsa durante el gobierno kirchnerista.

El objetivo era hallar “contratos firmados por las empresas Diligentia SA y Contrater Consulting SA, como también por José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi, relacionados con la compra venta de GNL y constancias de transferencias bancarias realizadas por Enarsa”, tal como detallaba la orden de allanamiento difundida por El Inversor Online.

Pero dos horas después de revisar todas las computadoras del lugar e incluso impedir el ingreso de los abogados de la firma, Rodríguez Varela constató que allí funciona President Petroleum, una empresa petrolera británica que no tiene ninguna relación con Diligentia.

La empresa de Dromi dejó de alquilar esas oficinas hace un año.

El error no es menor. Además de la pérdida de tiempo y recursos que implica un allanamiento fallido, el costo más alto es la exposición que el juez hizo de las principales pistas que está siguiendo y de su propia estrategia de investigación.