Se encuentra legitimado este Ministerio Público Fiscal para impugnar la constitucionalidad de una norma federal

En una especie de movida judicial y política contra el kirchnerismo, el gobierno PRO exigió a la justicia en lo civil y comercial federal que declare inconstitucional la norma, alegando "un perjuicio irreparable" en base al supuesto avasallamiento de la autonomía jurisdiccional de la Ciudad.

Las medidas contempladas en el paquete propuesto por el Ejecutivo Nacional apuntaron a crear una instancia de mediación gratuita para resolver conflictos entre usuarios, sanciones más fuertes ante incumplimientos de prestadores, plazos perentorios y un fuero judicial dedicado especialmente a atender casos de violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor.

A excepción de un puñado de artículos de forma, la presentación realizada por Ocampo –en su rol de jefe de los fiscales de la Ciudad– y por el fiscal general adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Carlos Balbín, intenta anular todo el contenido de la ley que creó el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones del Consumo, sancionada el 17 de septiembre de 2014.

Acusó que la norma –votada en su momento de forma negativa por los representantes del PRO– vulnera pautas constitucionales y genera una "conducta ilegítima y arbitraria" del Estado Nacional sobre todo por la creación de un fuero judicial especializado en consumidores.

La movida implica, de forma tácita, un guiño al sector empresarial que podría verse afectado por la normativa que impone sanciones y multas más duras para las compañías que afecten los derechos de los consumidores, que suelen judicializarse en causas eternas, y cuyos abusos son motivo de descontento en diversos rubros.

"Se encuentra legitimado este Ministerio Público Fiscal para impugnar la constitucionalidad de una norma federal, por cuanto esta contraviene, en particular, el artículo 129 de la Constitución –que reconoce competencias administrativas, legislativas y judiciales a la Ciudad– circunstancia que acredita un menoscabo a la autonomía local", indica el texto al que tuvo acceso Tiempo Argentino.

A lo largo de 50 carillas, Ocampo sostuvo que afecta el "funcionamiento institucional" del Ministerio Público porque ya existen "procesos administrativos" en defensa de los consumidores y usuarios bajo la órbita de las fiscalías porteñas, y en el fuero contencioso administrativo y tributario local. Se quejó que las nuevas Cámaras creadas por la ley podrían revisar fallos dictados, incluso, por jueces porteños.

En otro apartado, se invocó que los usuarios y consumidores porteños son afectados por la ley en forma "gravosa y discriminatoria" porque se los incluye en un sistema "confuso e ilegítimo".

Ocampo apuntó que hay en la Legislatura local proyectos relativos a los Tribunales de Vecindad, que podrían intervenir en estos litigios, a pesar de no haber sido creados.

La presentación interpuesta por el jefe de los fiscales gira siempre en torno a que la reforma que votó el Congreso es violatoria de la autonomía e invasiva de las competencias judiciales ejercidas por la justicia local, e "inaplicable".

Además, pidió que se dicte una medida cautelar para suspender sus efectos en la ciudad. "Los vecinos de la Ciudad, en particular los consumidores y usuarios locales cuyo interés general representamos, necesitan y reclaman recibir un trato igualitario a idéntico al cual se encuentran sometidos los habitantes de cada una de las provincias", indica el texto que menciona que con esta ley se perjudica al consumidor.