En la actualidad, uno de los miembros más influyentes del consejo es Martín Etchevers, gerente de comunicación institucional del grupo Clarín.

El centenario diario La Nación publicó el miércoles pasado, los resultados del último relevamiento sobre percepción de corrupción que realiza la ONG alemana, Transparencia Internacional.

Este índice, que mide el nivel de corrupción que perciben los ciudadanos de 175 países, volvió a bajarle la nota a Argentina, en este último capítulo quedó en el puesto 107.

En el ranking regional, incluso, la argentina -que sumó 34 sobre 100 puntos- se colocó en el lugar 22, por debajo de uruguay, chile, brasil, perú, colombia, bolivia y méxico. sólo fue superada por ecuador, paraguay y venezuela, que está al fondo de la tabla.

Según La Nación, motivaron este resultado, los embates del Gobierno contra la Justicia, sumados a los procesamientos contra Amado Boudou por el caso Ciccone y la transferencia de un automóvil con papeles falsos; la investigación sobre los vínculos de la presidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, con el empresario Lázaro Báez, y los procesamientos de funcionarios de primera línea como Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Guillermo Moreno, entre otros, fueron algunos de los temas que se evaluaron a la hora de calificar al país.

Para el diario, la corrupción está puesta exclusivamente en el gobierno nacional, y sus funcionarios. Sin embargo Transparencia Internacional publica en su sitio su web que la corrupción se puede entender como un fenómeno nocivo, vasto, diverso y global cuyos agentes pertenecen al sector público como a las empresas privadas. No se refiere al simple saqueo de patrimonio del Estado.

Es interesante analizar el método que utiliza TI para llegar a estos resultados. Hasta hace algunos años, lo hacía mediante una encuesta pública donde se consultaba a los ciudadanos cuál era, a su criterio, el nivel de corrupción en su país, tanto pública como privada, y para esto se les pedía que lo evaluaran en una escala de cero a diez, donde 10 representa ausencia de corrupción y 0 el el nivel más alto.

Pero hace un tiempo este sistema cambió, ya no se mide mediante consulta pública, en la actualidad la define un grupo de expertos, la encuesta pasó a ser calificada.

¿Quien define el grupo de especialistas que evalúan el nivel de corrupción que percibe la ciudadanía en Argentina?

Este parece ser el dato central en todo este meollo. La organización alemana tiene acuerdos en el país con Poder Ciudadano, una ONG local de neto corte opositor que se ha caracterizado por haber nutrido de importantes cuadros políticos a algunos partidos de la oposición.

Un ejemplo emblemático es su ex directora, la actual diputada del PRO, Laura Alonso quien saltó a la política en 2009, y se ha convertido en los últimos años en una de las figuras de más alto perfil del macrismo en el Congreso, donde protagonizó varios escándalos, que incluyeron el cruce de insultos con algunos diputados que no piensan como a ella le gustaría que piensen.

Alonso, es además cofundadora de Vital Voices, una organización financiada por la fundación de Paul Singer, titular de NML Capital, el fondo buitre que hace años mantiene un litigio con la Argentina en representación de los bonistas que quedaron fuera de los canjes de deuda propuestos por el país.

En la nómina de directivos de la organización también figura el abogado del grupo Clarín, Hugo Wortman Jofré, quien presidió el consejo administrativo hasta que fue reemplazado por María Batche en 2013.

Wortman Jofré representó al CEO de Clarín, Héctor Magnetto en varias demandas contra periodistas, en una de ellas le reclama a Víctor Hugo Morales, dos millones de pesos, tras presentar una denuncia que amplía la causa en la que demanda al periodista por daños y perjuicios por manifestaciones "calumniosas e injuriosas”.

En la actualidad, uno de los miembros más influyentes del consejo es Martín Etchevers, gerente de comunicación institucional del grupo Clarín.

La penetración del gigante mediático en Poder Ciudadano es enorme, y la parcialidad de esta organización a la hora de evaluar cuestiones sensibles como la corrupción en el país no es casual.

Transparencia Internacional publica este IPC o índice de percepción de corrupción a instancias de la información que le provee la ONG local, que luego el grupo difunde y replica a través de sus medios. Todo Indica que estamos frente a una operación mediática para desestabilizar al gobierno, una más, de las tantas a las que estamos acostumbrados.

En esta misma línea donde se cruzan organizaciones no gubernamentales, fondos buitre, el grupo Clarín y sus abogados hay que tener en cuenta como opera el gigante mediático en favor quienes pretenden desfinanciar a la argentina para cobrar una deuda ilegítima.

Pocas semanas atrás, el periodista estrella del grupo, Jorge Lanata viajó a Nueva York a entrevistar a Robert Cohen, uno de los abogados de Paul Singer y encargado de litigar por NML Capital en los tribunales del juez Griesa.

Cohen, quien no da entrevistas a ningún medio, recibió a Lanata en sus oficinas y reveló al periodista la estrategia que diseñó, para que el fondo buitre pueda encontrar supuestas empresas fantasmas atribuidas al empresario Lázaro Báez, constituidas presuntamente con fondos públicos provenientes de la corrupción.

Durante la charla, Cohen sostuvo que la causa iniciada en el estado de Nevada tiene el único propósito de recuperar parte de la inversión que hizo Singer en bonos argentinos, que hasta el momento no pudo cobrar vía el pago de deuda soberana argentina, al tiempo que advirtió que si en el marco de esta investigación se descubren cuestiones que involucran al gobierno con maniobras de corrupción, “sería algo bueno”.

Esta amenaza del abogado buitre le valió la respuesta de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, que durante su exposición en la Cámara Argentina de la Construcción le devolvió el favor expresando su interés en que se abra el expediente que tramita en el juzgado de Nevada, para ver de qué empresas se está hablando, no sea cosa que toque otros intereses.

FInalmente, los abogados de Magnetto se presentaron, en el marco de esta causa, como Amicus Curiae y esperan la aprobación del magistrado Cam Ferenbach, para tener acceso al expediente y comenzar una nueva operación contra el gobierno a poco menos de un año de los próximos comicios.

Es que al final, todos los caminos conducen al Grupo.