Por los menos dos legisladores provinciales anunciaron que pedirán el juicio político al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, por el escándalo institucional que ha desatado la publicación en Youtube de una cámara oculta en la que se ve a un empresario (hablando en nombre del gobierno cordobés) ofrecerle pauta oficial a un periodista a cambio de critique a la oposición con la información que se le iba a ser entregada.
Sergio Villone // Martes 02 de diciembre de 2014 | 13:04
Cintia Frencia, legisladora por el Frente de Izquierda, explicó que “el video deja ver muchas cosas, entre ellas que hay una clara malversación de fondos. Con los fondos fiscales de todos los contribuyentes se está tratando de sobornar al periodismo”.
Frencia subrayó que “hay una responsabilidad política superior que es la del gobernador y corresponde pedir un juicio político. En eso también estamos trabajando, al margen de lo que haga la Justicia. En la Legislatura no podemos dejar pasar esto a nivel político”.
Por su parte, Aurelio García Elorrio, uno de los primeros miembros de la oposición que marcó la gravedad de la situación expuesta por el video (editado y subtitulado por un abogado enfrentado por el periodista que aparece en el mismo), dijo que “corresponde el pedido de juicio político contra el gobernador. Yo ya lo anticipé el viernes”.
García Elorrio (Encuentro Vecinal) además presentará una denuncia penal contra De la Sota por el supuesto delito de espionaje: "Esto es gravísimo. En 30 años de democracia, en Córdoba no vivimos una situación tan delicada, desde lo institucional. Un empresario con fuertes conexiones con el Gobierno provincial ofrece datos para castigar a la oposición. La pregunta es ¿cómo consiguió esos datos? Por lo que dice el empresario en cámara, el proveedor de datos es el propio Gobierno. De ser cierto, el gobernador está violando la ley de seguridad interior".
Por su parte, Liliana Montero, jefe del bloque de legisladores de Luis Juez en la Unicameral, aseveró que “nuestra obligación institucional es acercar ese video a la justicia porque sale una persona que tiene vínculo con el Estado y que ofrece dinero a cambio de que se hable bien del gobierno. Vamos a hacer una presentación en la Fiscalía General de la Provincia para que lo evalúe”.
El legislador por el PRO, Javier Pretto, aclaró que “más allá de que un video no sea el mejor instrumento para descubrir la verdad, hay indicios de transacciones ‘non sanctas’. Apuntamos a que se investigue si el gobernador destinó dinero de los contribuyentes a otros fines”.
“El gobernador pregona conductas ejemplares que parece no poder sostener en su propia administración. Sigue ofreciendo virtudes de las que carece”, criticó Pretto.