Borrando su reconocido prestigio internacional, aducen que el gobierno nacional no puede contratar a un magistrado que fue sancionado en su país, sin hacer ninguna referencia a que Garzón fue atacado por la corporación político-judicial española por animarse a investigar los crímenes de la última dictadura cívico-militar española.

La catarata de “crónicas” embistiendo contra Garzón la inició el irascible periodista opositor Mariano Obarrio (famoso no sólo por patear puertas en Casa de Gobierno cuando un funcionario no le responde lo que él quiere escuchar, sino también por haber organizado un cacerolazo contra la Presidenta de La Nación cuando ésta visitó Nueva York en 2012).

“Una grave condena judicial debería ser impedimento para ejercer ciertos cargos”, aseguró Obarrio en su nota aparecida el martes pasado, a pesar de que el propio Garzón le explicó vía mail que “puedo ocupar cualquier función pública salvo la de juez, temporalmente. Desde luego, un cargo como el que ostento lo podría desempeñar en cualquier país y también en España”.

También el Ministerio de Justicia argentino le explicó a Obarrio que “la sentencia de España no impide ni invalida el nombramiento por el Estado argentino. El fallo es de orden local y sólo aplicable en su ámbito territorial, el reino de España”.

Sin embargo los ataques contra Garzón continuaron.

Ese mismo martes 14, Clarín se hizo eco de la nota de Obarrio y la replicó en su sitio web, sin publicar las aclaraciones de Garzón y la cartera de Justicia.

Al otro día, miércoles 15, la publicó en el diario de papel, citando la nota de La Nación del día anterior. Clarín se quejó: “El kirchnerismo lo recibió con los brazos abiertos: Garzón asistió al discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Presidenta en el Congreso”.

El jueves, Clarín cita una columna del diario español El Mundo (uno de los enemigos acérrimos de Garzón luego de haber intentado abrir el baúl de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura española) del miércoles, que se basaba en la nota original de Obarrio (La Nación).

El domingo, el encargado de seguir la cadena de embates contra Garzón fue el periodista del Grupo Clarín Pepe Eliaschev en su columna en el diario Perfil.

“Magnánimo y derrochador cuando se trata de contraprestaciones pecuniarias a favorecedores y amigos, el Gobierno designó de hecho como subsecretario de Estado al español residente en la Argentina Baltasar Garzón Real, ex juez en su país. Es otro empleado público más, muy bien remunerado, eso sí, entre centenares de miles incorporados a la burocracia oficial”, espetó Eliaschev, quejándose además de que tantos países confíen en los servicios del magistrado español.

Eliaschev llegó al extremo de asegurar que como “en España nadie lo contrató, zarpó a hacerse la América. Para Cristina, Garzón es un benefactor, mientras que Cristóbal Colón no fue más que un codicioso “genocida” de pueblos originarios”.

Hasta que hoy, La Nación retomó el tema con una editorial empresarial titulada “La vergonzosa contratación del ex juez Garzón”, en la que vislumbra (¿sin querer?) por qué estas empresas periodísticas están llevando a cabo una de sus tantas operaciones coordinadas contra aquel que osa afectar sus intereses.

Escribe La Nación: “La Cámara de Diputados de la Nación recibió un grotesco proyecto de ley -motivo de crítica en nuestro editorial del pasado 27 de abril-, prohijado, entre otros, por los diputados Héctor Recalde, Juliana Di Tullio, Carlos Kunkel, Eduardo De Pedro, Andrés Larroque y Juan Cabandié. Su absurdo propósito es la creación de una comisión bicameral que investigue presuntas relaciones civiles y económicas durante el último régimen militar, sugiriendo que, en tiempos de los gobiernos “de facto”, habría existido alguna participación intencional y hasta colaboración de empresarios que supuestamente, según los autores de la sesgada iniciativa, se habrían visto beneficiados. La labor de la comisión propuesta violentaría el artículo 18 de la Constitución, según el cual ningún habitante de la Nación podrá ser juzgado por “comisiones especiales”, al tiempo que estaría orientada a producir un informe con recomendaciones que resultaría más cercano al revanchismo que a la imparcialidad deseada, algo similar al papelón que hiciera el licenciado Guillermo Moreno cuando, a instancias de la Presidenta, presentara el informe “Papel Prensa- La Verdad”. Numerosos indicios permiten advertir en ese proyecto la mano de Baltasar Garzón”.

La Nación –que como Clarín tiene a sus dueños acusados por la justicia argentina de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar argentina- intenta, al final, distraer el foco una vez más: “El ex juez Garzón, lejos de la tierra que lo descalificara, procura hoy lastimar nuestro gravemente herido plexo social, contribuyendo a la división y al enfrentamiento, y postergando aún más la ansiada reconciliación que nuestra sociedad tanto precisa”.