SE CAE EL CERCO MEDIÁTICO

Bomba: una nueva denuncia contra Stornelli por extorsión

Una nueva denuncia por extorsión fue presentada el viernes 15 en el juzgado federal de Dolores contra el fiscal Stornelli y su operador Marcelo D’Alessio, quien poco después fue detenido por el juez Ramos Padilla. Uno de los denunciantes es el ex secretario presidencial Pablo Barreiro, a quien le pidieron 250.000 dólares. Se reunió con Stornelli y pagó 40.000. Con el mismo modus operandi, su declaración no figura en el expediente. El cerco se cierra sobre Stornelli.

Bomba: una nueva denuncia contra Stornelli por extorsión

Sábado 16 de febrero de 2019 | 09:13

POR HORACIO VERBITSKY

También los hermanos Pablo y Raúl Barreiro aportaron 40.000 dólares para no ser encuadernados por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío. Así lo afirman en una denuncia presentada el viernes 15 por Raúl Barreiro en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, por apreciar un modus operandi similar al que padeció el empresario Pedro Etchebest. El padre de ambos, Ricardo Barreiro, fue detenido y encuadernado en septiembre de 2018. Se cierra así el cerco sobre el fiscal Stornelli, de cuyas oficinas se filtró la información amenazante por la cual D’Alessio extorsionó a Baby Barreiro, quien fue secretario privado de Cristina desde 2010.

Papá Ricardo y Baby Pablo Barreiro, en Olivos.

En este caso hay dos estudios jurídicos que se disputan el cliente, para representarlo ante los encuadernadores. Uno es el de Rodrigo González y Marcelo D’Alessio, quien el mismo viernes 15 fue detenido por Ramos Padilla a raíz de la denuncia previa de Etchebest. Otro, el del ex juez Fernando Archimbal y el abogado Luis Vila (quien no debe confundirse con José Luis Vila, el ex colaborador de Horacio Jaunarena quien ahora cumple funciones en el Ministerio de Defensa). Archimbal fue designado en 1984 en el estratégico juzgado federal 5, luego ascendió a camarista y fue uno de los primeros jueces orgánicos de la entonces Secretaría de Informaciones de la Presidencia. Para operar sobre los magistrados la SIDE formó un núcleo de ex colegas que pudiera desplazarse por Tribunales sin llamar la atención. Entre ellos, Archimbal, cuyos servicios quedaron en evidencia cuando fue empleado para impedir la extradición a España de Amira Yoma. La familia Sivak pidió su juicio político. Igual que D’Alessio, se precia de sus contactos en Estados Unidos. El estudio de abogados Archimbal, Vila, Reyes Oribe y Asociados fue elegido por la Cámara de Comercio del Medio Este de los Estados Unidos para representarla en la Argentina.

Antes de ser detenido, D’Alessio dijo que su intento de extorsión a Etchebest fue a pedido de dos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, que perdió el pelo pero no las mañas de la ex SIDE. En el allanamiento a su casa en un barrio cerrado de Ezeiza se habían secuestrado celulares, computadoras, discos rígidos, credenciales de la DEA, uniformes del FBI y armas de extrema sofisticación, como la escopeta Kel Tec Modelo KSG calibre 12 UAB con un cañón de 380 a 599 milímetros.

Un rasgo notable es que D’Alessio nunca ocultó la posesión de esa arma, que requiere de una autorización muy especial. Por el contrario, en diciembre la mostró en su Twitter, durante lo que llamó un entrenamiento táctico de fin de semana, como puede apreciarse. Esto muestra un alto grado de impunidad. Cuando la denuncia se hizo pública, lo retiró de la página, pero no pudo borrarlo del caché.

La jactancia de la duda de los extorsionadores

D’Alessio y su esposa María Valentina Oettel, son socios en las empresas Natural Trout, creada el 12 de septiembre de 2017, para comercializar productos derivados de la trucha, sin juegos de palabras; Idor SRL, creada el 20 de abril de 2004 (Establecimientos dedicados al deporte, restaurant, productos deportivos y posee un spa) y Plaza Madero Inversora Inmobiliaria S.A., creada también el 20 de abril de 2004. Además Marcelo D’Alessio es socio en: Valumar SRL y Ñembo SRL, ambas creadas el 21 de agosto de 2008 para prestar servicios de taxi. En las dos su socio es Ricardo Alberto Cabrera, ex Ministro de Economía de Formosa. Cabrera es un enlace que explica la doble faz de D’Alessio, quien mantuvo contactos tanto con el actual gobierno como con el anterior. Según sus palabras, como infiltrado de la inteligencia estadounidense. Cabrera fue gerente administrativo y de finanzas de ENARSA y de ENARSA Patagonia, empresas creadas durante la gestión de Julio De Vido. En un memo de 2011, Cabrera designa a D’Alessio como contacto de Enarsa con la Auditoría General de la Nación. En ENARSA también integraba el directorio el ingeniero Jorge Haieck, uno de los hombres de mayor confianza de Macrì, quien formó parte de la conducción de IECSA, Sideco Americana y Socma Inversora. Haieck fue quien acercó a los Macrì a los ex jóvenes peronistas Carlos Grosso, Ricardo Kesselman y José Bordón, entre otros.

 

Cabrera designa a D’Alessio.

Luego de un paciente trabajo de persuasión, Vila llevó a Pablo Barreiro a declarar ante Stornelli. Tampoco en este caso quedaron constancias en el expediente, porque después de leer la declaración de Barreiro el doctor Glock dijo que no le interesaba nada de lo que había contado y que no lo aceptaría como arrepentido. Sólo buscaba material incriminatorio contra Cristina. El no conseguirlo ha exacerbado los nervios en el serpentario de Comodoro Py. Vila y Archimbal les pidieron 250.000 dólares por su gestión, pero los hermanos Barreiro no los tenían y todos sus bienes estaban inhibidos. Vila le dice que les dará facturas pero no por ese monto, sino por 250.000 pesos. En un regateo similar al de D’Alessio con Etchebest, Vila pide al menos 100.000 dólares para seguir.

—No los tenemos— dicen los hermanos.

Para cerrar el trato les reclamó por lo ya hecho 50.000 pesos, que se redujeron a 40.000, por haber llegado al despacho de Stornelli a través de ellos.

—El que maneja el sabot es Stornelli. Claudio le dijo, manejalo vos.

Vila también dice que en Estados Unidos, cuando un fiscal abre la negociación con un imputado le muestra las pruebas en su contra. Aquí no ocurre tal cosa y esto “roza la inconstitucionalidad”.

Vila defiende su participación

En el estudio de Vila y Archimbal, se constituyó en el año 2000 la sociedad que debía administrar los fondos clandestinos de la SIDE, durante la presidencia de Fernando De la Rúa. También participaron en una maniobra fallida para impedir la extradición de México a España del represor de la ESMA Ricardo Cavallo. Se trataba de inventarle otra causa en la Argentina, en la que sería puesto en libertad por falta de pruebas si México consentía en enviarlo al sur y no al norte. A quien le interese aquella historia, puede leerla en este link a un interesante diario que aparecía en Buenos Aires en aquella época.

Nueve reinas

Cuando Papá Barreiro fue detenido, hace cinco meses, Pablo Grilo, amigo de su hijo Pablo, lo llamó y le dijo que debía ponerse en contacto en forma urgente con Carlos Liñani o Linani, a quien Pablo conocía como Charly. El 4 de octubre los dos hermanos se reunieron con Charly en el hotel Hilton de Puerto Madero, donde se filmó la extraordinaria película de estafadores Nueve reinas, protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls. Los Barreiro decidieron grabar la conversación, que duró desde las 19 hasta las 22, y todas las subsiguientes.

Darin y Pauls, role models.

Para que no falte tampoco aquí el paso de comedia italiana que caracteriza este episodio tragicómico, Charly dice que si Papá Barreiro no revoca la designación como defensores de Fernando Rua y la Dra. Rocanfort seguirá detenido, porque esa defensa “es política”. Fernando Rúa es Alejandro Rúa y la doctora Rocanfort, es Graciana Peñafort. No sólo confunde los nombres. La inversión de los términos es completa. Rúa y Peñafort realizan una defensa técnica, en una causa que es sólo política. Charly agrega que Stornelli y Bonadío van “por el bolso o por el bronce”. Charly los pone en contacto con D’Alessio.

La doctora Rocanfort, en el mundo del revés

Barreiro identifica a Charly como dueño del restaurante El Obrero y cuenta que le dijo que si no arreglaba con los abogados Marcelo D’Alessio y Rodrigo González, le pondrían el casco y el chaleco blindado. También que en el juzgado tienen una carpeta muy grande sobre Baby Barreiro. Señaló que para resolver la situación de padre e hijo debían “sentarse con el fiscal Stornelli”, cosa que arreglarían. “Describió a D’Alessio como abogado de la DEA y de la embajada de Estados Unidos”, dice que González “está todo el día con Bonadío” y que “estuvo vinculado a la causa del Padre Grassi y a Nisman”. Ellos “pueden solucionar el tema por su estrecho vínculo con el fiscal Stornelli”, dice Charly.

Desde su celular 11-3244-6626, Charly los puso en contacto por WhatsApp con Marcelo D’Alessio, quien les dijo que él podía interceder para que se retiraran los autos de la SIDE apostados frente al domicilio de Papá Barreiro. Quedaron en encontrarse con D’Alessio al día siguiente a mediodía, pero los hermanos evaluaron que eran víctimas de una extorsión y decidieron no acudir. Cuando se lo comunicó a Charly, el intermediario le envió un audio propio y otro de D´Alessio, “con un tono cuasi amenazante, refiriendo en todo momento la posibilidad concreta de quedar detenido sin sus servicios y que lo podía resolver en un día tanto la situación de mi hermano como la de mi papá”.

Pablo Barreiro le contó lo sucedido a su abogado, Luis Vila, a quien le dijo que además de su tono amenazante, los audios de D’Alessio contenían “información que solo se tenía en la fiscalía”. Vila sostuvo que los gestores no eran de la DEA ni de la embajada sino servicios locales, durante la reunión en el café Tabac, de Avenida del Libertador y coronel Díaz.

Vila les dijo que hablaría con Stornelli para verificar qué relación tenía con esos abogados, si actuaban en su nombre o por cuenta propia. La mayor preocupación de los hermanos era que D’Alessio sabía que Pablo Barreiro iba a designar como defensor a Fernando Archimbal, el socio de Vila, “y esta información solo la conocía el Fiscal Stornelli”. Comenzó así la pugna por determinar quién iba a negociar por ellos con Stornelli. En forma textual: “Vila nos dijo que si estos dos personajes —por D’Alessio y González— sentaban a mi hermano con Stornelli, Pablo iba a terminar siendo rehén del fiscal. Vas a ser un Valerio de Stornelli. Y nos siguió diciendo que teníamos un ‘canal abierto con el fiscal’, en clara alusión a ellos mismos (Vila y su socio) y que él mismo —por Vila— iba a encarar a Stornelli personalmente”, para preguntarle, “¿vos mandaste gente a hablar con un cliente mío?” Vila dice que la justicia funciona así en todo el mundo. También explica que no todo lo que se declara es consignado en las actas. Barreiro le cuenta que D’Alessio se jactó de haber organizado la presentación express del primo del presidente, Angelo Calcaterra. Vila le responde que con eso mostró la hilacha. “Yo lo conozco a Angelo hace veinte años y su abogado es Alejandro Pérez Chada, que también es el abogado de Mauricio. Yo trabajé con ellos”.

Los Barreiro cuentan el apriete de D’Alessio

La filtración

Al día siguiente Vila le dio dos escritos para firmar a Pablo Barreiro y se dirigió a Comodoro Py para ver a Stornelli. Al salir Vila de Comodoro Py, los Barreiro fueron caminando con él hacia el estudio de Archimbal. Según Vila, Archimbal habló sobre la situación de ellos con el fiscal la noche anterior. Stornelli se manifestó consternado por la filtración desde su fiscalía, que sólo conocía la secretaria, dijo Vila. “No puede ser”, repitió el fiscal, preocupado, y se comprometió a “determinar cómo se había producido la filtración”. Vila les dice a los Barreiro que D’Alessio y su socio debían tener gente en la fiscalía, para conocer lo que ocurría. “Son servicios”, dice. “Nosotros hablamos directamente con el dueño del circo y no con los monos”, agrega.

Con una integridad que contrasta con tanto crápula, Pablo Barreiro dice que no lo van a quebrar con amenazas. Vila no entiende a qué se refiere y Barreiro se lo explica: “Dicen que trabaja en la DEA y la embajada, que habla en nombre de Stornelli y después tienen la información interna de la fiscalía”.

Lo mismo les dijo un rato después Archimbal quien agregó que Stornelli le negó relación con D’Alessio y González y le indicó que se quedara tranquilo. “De los audios es evidente que Stornelli estaba al tanto de lo que hizo D’Alessio al intentar extorsionarnos. Vila nos dijo que Stornelli se defendió diciendo que solamente estaba Nadia en la oficina y que D’Alessio y González no eran de él”. También aparece la pata mediática del negocio. En su programa de televisión en la señal de cable de José Luis Manzano y Daniel Vila, el comentarista Eduardo Feinmann había anticipado “que iban a detener a mi hermano Pablo”. Vila se comunicó con el difusor para desmentirlo.

“El gordo se cagó”, dice Archimbal en uno de los audios, en referencia a Stornelli, quien negó relación con los extorsionadores. “Me dijo yo no tengo un pedo que ver”. Archimbal se olvidó el teléfono, por lo que Stornelli se comunicó con Vila. “El Gordo está nervioso o se le escapo la perdiz”, escribió Vila en un WhatsApp, “dando a entender que la información se había filtrado de la fiscalía. En este contexto Vila y Achimbal arreglaron que mi hermano declare en la fiscalía el día lunes 8 de Octubre de 2018”. Pablo Barreiro concurrió acompañado por Vila, y le reiteró al Fiscal lo sucedido con D’Alessio, González y Charly. “Mi hermano estuvo aproximadamente una hora dentro de la fiscalía declarando. Me comentó que iban escribiendo en una computadora lo que él iba redactando, pero nunca le dieron copia de su declaración. Stornelli estuvo presente durante toda su declaración. Mi hermano relató en su declaración ante el fiscal cómo era el manejo de la agenda de presidencia y los roles y funciones que cumplían cada una de las personas que trabajaban para CFK. Pero nunca supimos qué pasó con esa declaración porque no hay constancias en el expediente de la misma ni le dieron copia a mi hermano. Ellos solo querían que mi hermano involucrase a CFK y su entorno”. Vila le explicó que se labró un acta, en la que se dijo que no se llegó a un acuerdo, pero sin explicar las razones.

—¿Vos me garantizas que Stornelli no lo va a joder más a mi hermano?

—Me lo dijo ahí, cuando estuvimos encerrados solos— responde Vila.

Según la denuncia presentada por Raúl Barreiro, Vila “nos refirió que la estrategia de acordar con el fiscal era la elegida y la más conveniente. Pero que dicha estrategia, que conducirían Vila y Archimbal, tenía un costo para nosotros de 250.000 dólares. Cuando le manifestamos que no podíamos pagar ese monto, Vila nos dijo que, si no podíamos pagar ese dinero, entonces su estudio no podía seguir adelante con la defensa. También nos dijo que iba a hablar con el fiscal para decirle que no podíamos pagar los honorarios e iba a renunciar a la defensa. Eso nos generó mucha preocupación dada la insistencia de que Vila y Archimbal manifestaron que se había hablado con Bonadío y Stornelli, por lo que mi hermano y yo tuvimos que pagar 40.000 dólares por haber entrado al despacho de Stornelli gracias a los buenos oficios de ambos abogados”. El audio indica que “el pago se nos exigió por no haber tenido ningún problema en dicha audiencia, que también como manifesté era porque ya habían hablado con Bonadio y con Stornelli y que mi hermano había dado su consentimiento a la estrategia del Fiscal”.

A dedo

En la tarde del viernes, los portales de Clarín, Infobae y La Nación destacaron que se había revocado el sobreseimiento de la ex Procuradora Alenjandra Gils Carbó en la causa por la designación de fiscales subrogantes y ad hoc. Esto refleja la estrategia desesperada de Comodoro Py y del gobierno para blindar la mellada legitimidad de Stornelli. Aún jubilada y fuera de la escena pública hace ya más de un año, Gils Carbó sigue siendo vista en el mundillo judicial como cabeza de Justicia Legítima, a la que se atribuyó la actuación del juez Ramos Padilla.

Ante esa fantasía, Comodoro Py contraataca. La causa es raquítica y como no hay dinero en juego tampoco sirve para batir el parche de la “lucha contra la corrupción”. Pero no tenían otra a mano y está radicada en la Sala Macrì de la Cámara Federal. Esa sala ordenó al juez indagar a Gils Carbó y al fiscal Carlos Gonella, al considerar un delito la creación de la PROCELAC y la designación al frente de esa unidad especializada de un fiscal por entonces subrogante. Gonella fue designado como subrogante por el ex procurador Esteban Righi, ratificado por González Warcalde y, meses después, como fiscal general por el Poder Ejecutivo y el Senado. La denuncia presentada en 2013, pretendía criminalizar a la Procuradora y a una decena de fiscales y funcionarios judiciales designados por ella como coadyuvantes, subrogantes o ad hoc, por más que este tipo de designaciones existieron desde la creación del Ministerio Público, por resultar indispensables para sostener el trabajo del organismo. Al poco tiempo, el fiscal Guillermo Marijuan tuvo que recortar la imputación. Los organismos de derechos humanos le hicieron notar que el empeño en criminalizar a Gils Carbó terminaría garantizando impunidad a los genocidas, al servir como excusa para anular muchos juicios de lesa humanidad que fueron encabezados por decenas de fiscales subrogantes y ad hoc. Ni Moreno Ocampo era fiscal titular en el juicio a las juntas. La causa quedó acotada entonces a Gils Carbó y Gonella, hasta que el juez Sebastián Casanello dictó el sobreseimiento que ahora la Cámara revoca.

¿Sabrán Leopoldo Bruglia y Cacho Bertuzzi que el actual procurador interino ha designado a una decena de subrogantes en las fiscalías federales de Corrientes, Río Gallegos, Paraná, San Luis, Tartagal, entre otras? El viernes 15 juró como fiscal de la Procuración General Sergio Mola, quien venía desempeñándose como subrogante de una de las fiscalías federales de Lomas de Zamora, jurisdicción en la que se encuentra radicada la causa que permitió las escuchas a detenidos en el penal de Ezeiza, filtradas a la diputada cívica libertadora Carrió. Hasta ese día Mola era tan subrogante como era entonces Gonella. De pura casualidad a su jura asistieron la Ministra de Seguridad y el jefe de la Policía Federal.

El juez de la Cámara que advirtió en un voto minoritario que no había delito en la designación de Gonella como fiscal subrogante, Mariano Llorens, es el único de los tres que llegó al cargo por concurso y acuerdo del Senado, y no por un traslado dispuesto por del dedo presidencial.

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